Tras dos años del primer estado de alarma ilegal ni un solo miembro del Gobierno ha asumido su responsabilidad

El 14 de marzo de 2020, Pedro Sánchez comparecía ante los medios de comunicación, de manera telemática, para anunciar en tono de gravedad las “decisiones extraordinarias” que había adoptado el Gobierno para “proteger a los españoles y ganar al virus”.

Esa decisión era la aplicación de medidas tan duras como el confinamiento de todos los ciudadanos cuyos trabajos no resultaran esenciales y que se amparó bajo el paraguas de un decreto de estado de alarma, un instrumento constitucional que se aplicaba por primera vez en España para toda la población y que resultó ser el más duro de los dos que se aplicaron durante la pandemia.

Se prohibió a los ciudadanos salir a la calle e incluso pasear, salvo que tuvieran animal de compañía, se cerraron negocios, los colegios y universidades, toda la restauración, se suspendieron los viajes en trenes, aviones y barcos y se aplicaron Expedientes de Regulación Temporal de Empleo a buena parte de la fuerza de trabajo del país.

Ese primer decreto se extendió hasta el 21 de junio, con sucesivas prórrogas quincenales que cada vez cosechaban menos apoyos en el Congreso de los Diputados.

Pero varias de las medidas de ese decreto de estado de alarma fueron declaradas inconstitucionales por el TC el 14 de julio de 2021. El tribunal de garantías declaró nulos, por una ajustada mayoría de 6 a 5, los puntos 1 y 3 del artículo 7 del decreto-ley, relativos a la libertad de circulación de personas y coches en espacios y vías públicas; así como el punto 5 del mismo artículo, que permitía al Ministerio del Interior acordar el cierre a la circulación de carreteras o tramos por razones de salud pública.

Además, el TC no solo tumbó este primer decreto, también declaró inconstitucional, el 5 de octubre de 2021, la decisión de la Mesa del Congreso, adoptada con los votos del PSOE y Unidas Podemos de dar ‘cerrojazo’ y ‘parar el reloj’ de la Cámara Baja, estimando así el recurso de amparo interpuesto por Vox. El TC consideró que el acuerdo vulneraba el derecho fundamental de participación política de los diputados.

Y tras estas decisiones judiciales y las que vendrían más adelante, ni un solo miembro del Gobierno ha asumido su responsabilidad tras tener tres meses a los españoles secuestrados y sin dejarles trabajar.

Ser Policía

Check Also

Un individuo de origen argelino huye de la Policía en Ibiza y es placado por un ciudadano

Un testigo de los hechos grabó en vídeo el momento y lo difundió en redes …

Nuevo golpe a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, otro Policía ha decidido dejarnos

D.S.B.C, Policía Local destinado en Córdoba se ha quitado la vida ante el desconcierto de …

La Policía Nacional solicita colaboración ciudadana para localizar al autor de un homicidio

Se trata de un varón, de origen sudamericano y nacionalizado español, que se encuentra en …

Detenido un menor de 16 años por matar a su madre en el barrio de la Rondilla de Valladolid

El agresor, que utilizó un cuchillo de cocina, llamó a una amiga de Barcelona para …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.