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En estos momentos, según manifiestan desde el Gobierno, se está trabajando en el modelo de devolución, en el que al intervenir tres ministerios (Hacienda, Interior y Política Territorial), es complejo.
El Gobierno ha dado ya la orden de anular las multas que se impusieron por saltarse el confinamiento ilegal durante el primer estado de alarma.
Unas multas que según los datos del Ministerio del Interior alcanzaron 1.142.127 sanciones en toda España, que oscilaban entre los 100 y los 600.000 euros (suponen unos 115 millones de euros) y que, en los casos de reiteración, llegaron a provocar condenas por un delito de desobediencia.
Un trabajo de gestión que delegaciones y subdelegaciones del Gobierno deben poner en marcha en cada territorio. Procedimientos masivos para revocar los expedientes administrativos aún abiertos y anular las sanciones.
Y todo, no gracias a la iniciativa y predisposición del Gobierno, sino tras una avalancha de reclamaciones derivadas de la resolución del nulidad del Constitucional.
Por lo tanto, se devolverá el dinero a los ciudadanos de oficio, requiriéndose previamente que identifiquen el número de cuenta bancaria, se está trabajando en un portal digital para facilitar el trámite.
