Un camionero descarga inmigrantes ilegales en plena autovía

Otro camionero graba en vídeo el momento en el que una decena de inmigrantes se bajan de un camión.

Aunque poco conocida, es una práctica habitual tanto de algunos camioneros como de incluso algunos particulares en sus turismos, por pequeñas cantidades de dinero trasladan a inmigrantes ilegales dentro de la península.

El problema es que no conocen las consecuencias de este comportamiento que viene recogido explícitamente en el Código Penal, eso sí, con una clara excepción: Los hechos no serán punibles cuando el objetivo perseguido por el autor fuere únicamente prestar ayuda humanitaria a la persona de que se trate.

Tráfico ilegal de inmigrantes

En este caso de acción delictiva, el responsable penalmente será quien trafique con seres humanos a fin de introducirlos ilegalmente en territorio español.

Tal comportamiento delictivo está tipificado en el artículo 318.1 bis del Código Penal, que dispone que: “El que intencionadamente ayude a una persona que no sea nacional de un Estado miembro de la Unión Europea a entrar en territorio español o a transitar a través del mismo de un modo que vulnere la legislación sobre entrada o tránsito de extranjeros, será castigado con una pena de multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un año.

Si los hechos se hubieran cometido con ánimo de lucro se impondrá la pena en su mitad superior”.

En el 318.3 y 4 bis CP se contemplan los supuestos agravados: “Los hechos a que se refiere el apartado 1 de este artículo serán castigados con la pena de prisión de cuatro a ocho años cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) Cuando los hechos se hubieran cometido en el seno de una organización que se dedicare a la realización de tales actividades. Cuando se trate de los jefes, administradores o encargados de dichas organizaciones o asociaciones, se les aplicará la pena en su mitad superior, que podrá elevarse a la inmediatamente superior en grado.

b) Cuando se hubiera puesto en peligro la vida de las personas objeto de la infracción, o se hubiera creado el peligro de causación de lesiones graves.

En las mismas penas del párrafo anterior y además en la de inhabilitación absoluta de seis a doce años, incurrirán los que realicen los hechos prevaliéndose de su condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público”.

Así como el 318.6 bis del C.P contempla los supuestos atenuados: “Los tribunales, teniendo en cuenta la gravedad del hecho y sus circunstancias, las condiciones del culpable y la finalidad perseguida por éste, podrán imponer la pena inferior en un grado a la respectivamente señalada”.

El 318 bis está previsto por tanto para exigir responsabilidad penal al que trafique con extranjeros para introducirlos en nuestro país, pero no para exigirla a aquél que es introducido. Este artículo fue reformado por la Ley Orgánica 1/2015, que pasó de castigar tal acción delictiva con pena de prisión de  cuatro a ocho años a ser castigado con pena de multa de 3 a 12 meses o prisión de 3 meses a un año, produciéndose por tanto  una rebaja considerable de su punibilidad.

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